A tres años de libertad vigilada son condenados los tres miembros de las redes de apoyo : IMC Santiago

La condena consiste en tres años de libertad vigilada por gendarmería y firmando más el pago de 12 UTM, unos 37 mil pesos mensuales por un año. Inicialmente, la parte querellante encabezada por el fiscal antimapuche Miguel Angel Velásquez solicitaba 7 años y medio de cárcel, sin embargo, la evidente inconsistencia de sus pruebas rebajó inevitablemente la culpabilidad inventada por la inteligencia del estado chileno.

En tanto, la defensa aún sorprendida por la sentencia condenatoria, recurrirá a la Corte de Apelaciones para intentar anular el juicio, dentro de los próximos 10 días. Esa sería la única posibilidad de revertir la condena política contra nuestros hermanos, cuya inocencia fue aclarada con pruebas contundentes.

Condenados porque había que condenar

Pese a no existir ninguna prueba en su contra, a contar con decenas de testigos que los situaban en otro lugar en el momento de los hechos, a no encontrar ningún elemento que los vinculara con la quema de los camiones durante los allanamientos, a no encontrarles armas, a no encontrar conexión previa a la detención entre ellos, después de haber periciado sus teléfonos celulares, que ninguna huella plantal (de los zapatos incautados) coincidía con las del lugar de los hechos y que los testigos de la fiscalía se contradecían con declaraciones sin consistencia y sentido, fueron irrisoriamente condenados, con la pena mínima que podían recibir.

Esta condena se sustenta en la declaración de un testigo sin nombre ni rostro, quien dice reconocer en medio de la oscuridad y los nervios a los tres condenados. Este “reconocimiento” se realiza a través de la visualización de 400 fotos, 200 fotos en un computador y las mismas imágenes en papel (quiénes aparecen y de dónde aparecieron esas fotos es un secreto de la inteligencia del estado).

Esta diligencia se realizó inmediatamente después de ocurridos los hechos, es decir, después de que el chofer manejara de Santiago a Temuco, descargara el camión, y camino a Santiago, en el sector de Chamichaco realizara su único descanso del viaje. Luego, es interrogado y sometido a la visualización de las fotografías, todo esto sin sus lentes ópticos y con un estrés inevitable.

Más allá de eso, este teatral testimonio fue la única prueba presentada por la fiscalía durante 16 meses de investigación, la que nunca bastó ni siquiera para mantenerlos en prisión preventiva.

Señales de represión

La colusión entre el gobierno, las policías, los tribunales de justicia y los ricos de este país dan como resultado casos como éste, que no tienen ninguna lógica, ninguna prueba y ningún sustento, pero sus resultados están a la vista. Se debe precisar que los jueces a cargo del fallo, pese a tener el veredicto listo antes del juicio, los condenó a la pena mínima a la cual estaban expuestos, un hecho nunca antes visto en casos calificados como “terroristas”, pero que por ser tan evidente el montaje y la farsa de la fiscalía, los magistrados no tuvieron la desfachatez suficiente para aumentar las penas, ni para encarcelarlos.

Como se ha denunciado, presenciamos de principio a fin cómo el estado chileno preparó este golpe a las redes de apoyo. Una vil maniobra represiva cuyo objetivo de amedrentar apoyo social a la lucha mapuche, está lejos de cumplir su propósito.

Más allá de la burda condena, queda manifiesta la necesidad que tiene el estado chileno de perseguir y torturar a todo aquel que se atreva a no estar de acuerdo con su política. Tras condenar a estos tres jóvenes, se deja conforme a los capitalista forestales y camioneros, a las policías represoras y legitima el trabajo de inteligencia del estado. Además, se entrega una clara señal a las Redes de Apoyo, que sea como sea se les va a perseguir y hostigar, hasta que se rindan al poder de los ricos de este país, pero difícilmente podrán acallar y encarcelar el deseo de libertad y autonomía del pueblo mapuche.

*foto/mediActivista